La justicia federal con competencia electoral sancionó al Partido Socialista con el retiro de los aportes estatales al financiamiento de los partidos, tras haberle rechazado -por gruesas irregularidades- el balance partidario del año 2007. La auditoría de la Cámara Nacional Electoral detectó aportes privados por casi un millón 900 mil pesos, cuyo origen no pudieron precisar ni justificar, de los cuales poco más de 900 mil fueron identificados por el socialismo como "aportes privados para la campaña provincial".
Ese año, según indica la nota publicada por el periodista José Maggi en el diario Rosario12, Hermes Binner ganó la gobernación. Entre los cuestionamientos sobresalen los aportes hechos al partido por "Terminal Puerto Rosario S.A.". La concesionaria que maneja el puerto rosarino, tuvo por entonces accionistas que confesaron en la justicia española haber participado en operaciones de lavado dinero. El juez federal Reinaldo Rodríguez le pidió al fiscal Walter Rodríguez que instruya una causa para investigar las conductas por manejo de fondos del Presidente del Partido Socialista y su tesorero: Hermes Binner y Miguel Lifschitz, respectivamente.
Después de siete años el Partido Socialista tiene pendiente de aprobación su balance correspondiente al año 2007; tanto en lo referente a los ingresos como a los gastos del partido, así como la rendición de cuentas de la campaña de las elecciones presidenciales de ese año, en las que Rubén Giustiniani acompañó en la fórmula a Elisa Carrió, y los socialistas obtuvieron bancas de diputados por Santa Fe al Congreso nacional.
La documentación presentada por el partido mereció numerosas observaciones de una auditoría contable ordenada por la Cámara Nacional Electoral; muchas de las cuales no fueron contestadas por las autoridades partidarias ni por los responsables del manejo de los fondos, y en otros casos las respuestas se consideraron insuficientes.
La auditoría de la Cámara Nacional Electoral detectó aportes privados (de personas físicas y jurídicas, o sea empresas) al socialismo para ese año por $ 1.879.207,07, cuyo origen no pudieron precisar ni justificar las autoridades partidarias. De ese total, $ 938.172,59 (prácticamente la mitad) fueron identificados por el socialismo como "aportes privados para la campaña provincial"; recordando por nuestra parte que ese año fueron las elecciones que consagraron a Hermes Binner como gobernador de Santa Fe.
Entre los cuestionamientos formulados por la justicia federal electoral y no contestados por las autoridades del Partido Socialista, sobresalen los aportes hechos al partido por "Terminal Puerto Rosario S.A.", la concesionaria del manejo del puerto rosarino. Es que la auditoría contable ordenada por la Cámara Nacional Electoral objetó el aporte de TPR, que tuvo un accionista que confesó en la justicia española haber lavado dinero del narcotráfico a través del puerto de Rosario, y por entender que viola el artículo 15 inciso c) de la Ley 26.215 de financiamiento de los partidos políticos, que le prohíbe recibir "contribuciones o donaciones de empresas concesionarias de servicios u obras públicas de la Nación, las provincias, los municipios o la Ciudad de Buenos Aires;.".
El accionista de TPR era Gustavo Shanahan quien en la edición del diario El Mundo de España del 12 de febrero de 2014 reveló que "su socio Jordi Pujol Ferrusola -hijo del ex presidente catalán- llegó a inyectar en la Terminal Puerto Rosario al menos 12 millones de dólares procedentes de paraísos fiscales como Andorra, Panamá o Suiza". Jordi Pujol Ferrusola está bajo investigación en España en calidad de imputado por lavado de dinero en diversos países. Entre los que se halla Argentina, y más precisamente por la empresa Terminal Puerto Rosario.
Ahora, como consecuencia de la presentación tardía del balance cuestionado, y de los reiterados incumplimientos del Partido Socialista a los requerimientos de la auditoría contable ordenada por la justicia, el juzgado federal con competencia electoral de Santa Fe le aplicó una multa del 18 por ciento sobre los fondos aportados por el Estado nacional a los partidos, luego la suspensión cautelar sobre el total de los mismos, y finalmente la pérdida de los aportes extraordinarios que el Estado realiza para el financiamiento de los partidos políticos; decisiones todas que se encuentran firmes. Las firmas al pie de este escrito son als del juez federal Reinaldo Rodríguez y del fiscal Walter Rodríguez.
Es justamente a este fiscal a quien el juez Rodríguez corrió vista para instruir un sumario en los términos del artículo 353 Bis del Código Procesal Penal de la Nación, por la presunta configuración de lo previsto por el artículo 63 inciso b) de la Ley 26.215, cuyo texto dice lo siguiente: "El presidente y tesorero del partido y los responsables políticos y económico financiero de campaña serán pasibles de inhabilitación de seis (6) meses a diez (10) años, para el ejercicio de sus derechos de elegir y ser elegido en las elecciones a cargos públicos nacionales, y en las elecciones de autoridades de los partidos políticos y para el ejercicio de cargos públicos y partidarios, cuando: a) autoricen o consientan la utilización de cuentas distintas de las establecidas en esta ley para el financiamiento de la actividad del partido político o de la campaña electoral; b) no puedan acreditar debidamente el origen y/o destino de los fondos recibidos."
Lo que supone que, si la investigación de la justicia sigue adelante y se comprueban los hechos sospechados,el presidente y el tesorero del partido podrían quedar inhabilitados por un período mínimo de seis meses, para competir por cargos públicos electivos nacionales, e incluso para ejercer cargos públicos de ese mismo nivel, si los tuvieren. Esto alcanzaría a Hermes Binner y Miguel Lifschitz, que en función de sus cargos partidarios avalaron con su firma el balance que la justicia electoral cuestiona, y la documentación que lo respalda.