En ese marco, el diputado del Frente Para la Victoria
denunció “la recurrencia del Ejecutivo Provincial en saltearse los mecanismos
de contratación de servicios o de compras de bienes que imponen las leyes de la
administración o la Ley de Emergencia en Seguridad”, además agregó que “esta
última pone como tope para las gestiones directas los 150 mil pesos , y la Ley
de Contabilidad los 200 mil pesos, además de prohibir que las erogaciones
mayores a los 400 mil pesos se realicen por otro mecanismo que no sea la
licitación pública, salvo que puedan justificarse circunstancias imprevisibles,
como una catástrofe natural, por ejemplo, que impida por su urgencia la
realización de otro procedimiento” y ejemplificó: “aún estamos esperando la
respuesta a un pedido de informes aprobados por unanimidad en la cámara el año
pasado, en la que cuestionábamos la compra directa de dos camiones hidrantes
por 6.6 millones de pesos”.<o:p></o:p>
“Ahora nos encontramos que el gobernador Bonfatti habilitó,
por medio del Decreto Nº 1940 del 4 de septiembre del año pasado, inversiones
millonarias realizadas por la Secretaría de Hábitat en el marco del “Plan Abre”
sin licitación alguna y sin el controlador del Registro de Licitadores (que
lleva los antecedentes y constata la
capacidad de las empresas), todo ello sin justificar de manera racional cuáles
son las circunstancias “imprevisibles” que lo llevaron a ello”, señaló
Toniolli, y detalló algunas de esas adjudicaciones directas: “por el Decreto Nº
5127 del 2014 se le adjudicó a la empresa Epreco S.R.L. la construcción de 191
viviendas por un monto de $110.033.252,61; por los Decretos Nº 5128 y 5129 se
le adjudicó a Dycasa S.A. (ex consesionaria de la autopista Rosario – Santa fe)
la construcción de 134 viviendas por $75.213.474,51 y otras 148 por
$82.967.362,44; por medio del Decreto 4494 se le adjudicó de forma directa a
Inar Vial S.A. la pavimentación del acceso a Alto Verde en $14.208.536,60”. “En
todos los casos”, agregó el legislador peronista, “las ofertas se encuentran
entre un 15% y un 20% por encima del presupuesto oficial y a todas las empresas
se les otorgó un 20% de anticipo financiero”.<o:p></o:p>
“Exigimos que se nos informe inmediatamente si en todas
las contrataciones directas realizadas o en trámite en el marco del Plan Abre
se efectuó la comunicación previa a los organismos de controlador, como dispone
la Ley de Contabilidad, y si es así, solicitamos que se nos envíen los informes
emitidos en cada caso, respecto de la justificación de la urgencia para la
compra directa”, señaló Toniolli, y finalizó: “estamos hablando de inversiones
por 292 millones de pesos, con fondos provinciales y nacionales, adjudicados de
forma directa, sin pasar por ninguna licitación, por un gobierno que dice tener
uñas cortas y manos limpias, pero utiliza mecanismos que facilitan la
corrupción, el desvío de fondos y de favores a empresas”.