A fines de agosto, personal de Gendarmería y otras fuerzas realizaron allanamientos a 23 desarmaderos ilegales de Rosario, Granadero Baigorria, Pérez y Piñero, en los que secuestraron unos 20.000 respuestos de automóviles, valuados en un total de 60 millones de pesos. Además, ahí se había resuelto la destrucción de las mismas y la clausura de los desarmaderos.
El 13 de septiembre, sin embargo, el juez José Luis Suárez impuso una cautelar por la cual los desarmaderos reabrirían sus puertas y las autopartes serían devueltas. No obstante, el fiscal Sebastián Narvaja apeló esta medida, y la Cámara de Apelaciones le terminó concediendo la razón.
Finalmente, los lugares allanados deberán cerrar sus puertas definitivamente, y todas las autopartes previamente secuestradas serán destruidas.