Personas nucleadas en organizaciones sociales y no gurbarnamentales, vecinos autoconvocados y familiares de víctimas por hechos de “inseguridad”, presentaron una intimación dirigida al gobernador Antonio Bonfatti, al ministro de Justicia y Derechos Humanos, Juan Treharne Lewis, al ministro de Seguridad, Raúl Lamberto y al secretario de Seguridad Pública Matías Drivet, “a los fines que se implementen prestaciones preventivas en la seguridad pública”.
Aclara el escrito: “Bajo apercibimientos de incurrir en la probable comisión de los delitos tipificados en los artículos 274, 210, 248, 249 del Código Penal y/u otros posibles actos de corrupción por lo que los denunciaremos en caso de ser oportuno”.
También se manifiesta que la seguridad pública es un deber que tiene que ser garantizado por los funcionarios señalados y expresa: “Los firmantes hemos llegado a este estadío, con la firmeza y convicción de haber cumplido nuestros deberes ciudadanos, denunciando a cada uno de los actores de la comunidad que han infringido la ley.“
“Hemos perdido a familiares, amigos o vecinos pero mucho más nos preocupa haber perdido la esperanza que su gobierno y dependientes, deje de rehusarse a solucionar los delitos y su problemática, de manera preventiva, seria, razonable y eficaz”, continúa la presentación.
Finalmente señala: “Se encuentran en vilo los Derechos Tutelados a los habitantes del territorio Santafesino. Se han violentando todos nuestros derechos. La defensa del servicio de seguridad nos corresponde”