“La Red toma intervención en el caso por pedido de la hermana Martha Pelloni, viajamos y hablamos con tanto con Liliana como con las fiscales. Debemos tener en cuenta que se trata de un grave delito como lo es el de la apropiación ilegal de menores y la violación al derecho de la identidad. Por este motivo hay cuatro personas detenidas, una de ellas es el médico que intervino en el momento del parto. Pero lo realmente contradictorio es que estamos celebrando la recuperación de la identidad de los nietos 114 y 115 y seguimos siendo testigos de nacimientos clandestinos y robos de bebes”, explicó la representante de la Red Infancia Robada en Santa Fe, Liliana Loyola en ?Estamos en eso', por AM 1330.
“Llama la atención que los organismos del Estado Provincial que velan por la integridad y cumplimiento de los derechos humanos den un paso al costado. La Secretaría de Derechos Humanos debería colaborar al igual que el Centro de Asistencia Judicial, encargado de brindar acompañamiento a la mamá y ninguno lo hace”, comentó, y añadió: “El jefe de salud del nodo de Rosario debería intervenir en la búsqueda de la historia clínica y tampoco se hace presente; y la Secretaría de Delitos Complejos tendría que tener una marcada participación que no ejerce. Por eso, por parte de la Red le mandamos una carta al gobernador Antonio Bonfatti pidiendo que ponga recursos del estado porque sino el caso no se va a resolver”.
Para finalizar, Loyola indicó que “las fiscales actúan con la responsabilidad que merece el lugar donde están, tienen el respaldo del fiscal de la provincia, pero es un delito complejo y ellas no son una agencia de investigación". Loyola señaló la exposición a la que fue sometida la víctima a quien aún resta entregarle los análisis que determinarán si estuvo o no embarazada. "Lamentablemente aparece la estrategia de poner en foco en la mamá, una señora en estado de vulnerabilidad, y eso también es llamativo. Además, hubo tantas versiones de diversas juntas médicas, que las fiscales debieron convocar una nueva intervención de la Corte Suprema y el Poder Judicial de Córdoba para salir del ámbito de la provincia y consolidar las pruebas que tienen”, concluyó.