Este miércoles -30 de julio-, vence el plazo formal para que Argentina entre en default técnico si no se concreta el pago a los acreedores reestructurados, cuyos fondos el Gobierno giró oportunamente pero fueron frenados por Griesa. Más allá de la gravedad de la situación para la seguridad jurídica norteamericana, que además fue avalada por instancias superiores, estos enredos pusieron una vez más de manifiesto un vacío legal internacional para tratar la quiebra de países.
Griesa se echó atrás el martes y no emitió ninguna sentencia sobre el destino de los pagos a los bonistas; en cambio, advertido de las consecuencias de sus decisiones, decidió cambiar el eje de la audiencia, y se concentró en los "11 años de litigio" en donde explicó su visión de que la Argentina evadió el pago a los acreedores.
Evadió una opinión sobre los pagos -el motivo de la audiencia-, debido a la proximidad del dia D del 30 de julio- de esta forma: "Anduvimos por cerca de 10 años, 11 años con la República rechazando el pago de las sentencias. La retórica que se desarrolló en este tiempo fue desafortunada, aunque no tan incendiaria como la retórica reciente. La República tomó cada paso que podía para señalar que no pagaría las sentencias, que no negociaría las sentencias. Creo que se aprobaron leyes en el Congreso, entre otras medidas. Las sentencias fueron tratadas como cosas que la República no tiene nada que ver. Esto fue desafortunado".
Aquí Griesa no hizo más que admitir el vacío legal existente para tratar quiebras soberanas de países. La Argentina no evadió los pagos por capricho y su conducta era legal. Los fondos buitre tenían un documento que les permite cobrar ad eternun el 100 por ciento de la deuda, bajo cualquier circunstancia, no importa si un país entró en quiebra; el problema era que no podían cobrar, porque la Argentina no tenía activos embargables y ningún contrato la obligaba a llevar activos a Estados Unidos.
Argentina se sometió al tribunal norteamericano, en todas las instancias posibles, y tratando de hacer valer la oferta de reestructuración de deuda de la que logró una mayoría del 93 por ciento que ingresó a un arreglo.
Enfrentó 900 juicios, más de 80 embargos, donde los fondos buitre no pudieron incautar prácticamente nada, debido a que no había bienes comerciales en Estados Unidos, y los bienes diplomáticos y las reservas son intocables, porque están protegidos por ley de inmunidad soberana.
Recién ahora, luego de 11 años, que perdió la contienda, a raíz de la interpretación insólita que realizó Griesa, sobre el "tratamiento igualitario" a los acreedores, el juez determinó que podía usarse dinero de terceros (los bonistas del canje) para pagarles a los fondos buitre, y que fue avalada por la Cámara de Apelaciones.
Hasta ahora el juez no hizo tal jugada, pese a que la Argentina ya pagó; sólo congeló esos fondos, para forzarle un default a la Argentina, con la intención de obligarla a pagarle a los fondos buitre. Pero hacer un arreglo antes de diciembre de 2014 es el camino a otro default, ya que si se activa la cláusula Rufo, la cuenta de la deuda subiría en al menos 120 mil millones adicionales, un monto imposible de afrontar.
Griesa mismo reconoce que "la historia cambió, en el 2011" cuando los fondos buitre le buscaron la vuelta, cuando le acercaron en un nuevo libreto.
A su turno, la defensa argentina también repasó los últimos 10 años y el abogado de la defensa argentina Johnatan Blackman, le recordó que él mismo se había presentado ante Griesa por primera vez en el 2002. "La primera vez que me paré en este podio, era en el 2002, le dije a esta corte que las reestructuraciones de deuda eran necesariamente voluntarias. Y dije que el deseo de la Argentina era tratar de negociar una solución para todos los acreedores". Y agregó: "Había sólo una forma que la solución podía ser alcanzada. No hay cram down (ley de quiebras) para los Estados. Si la hubiere, no estaríamos acá porque el 92% de los acreedores" que ingresó a los canjes es una mayoría suficiente para cualquier arreglo de quiebra.
"No tenemos ese régimen", se lamentó Blackman, quizá también denotando el mismo cansancio que Griesa con este juicio.
Blackman le recordó la historia judicial por los que atravesó la Argentina ante Griesa y los "desacuerdos" con el juez, que intentaron ser apelados. "Eso es pasado, ya", dijo, a raíz de las nuevas reglas de juego, desde que la Corte Suprema se negó a aceptar la apelación argentina.
Y le recordó a Griesa que "la Argentina enfrentaría un default como resultado de las de las decisiones de esta Corte". "Queremos negociar un acuerdo, pero se necesitan movimientos... hay restricciones significativas, dijo. Y comenzó con enumerar la cláusula Rufo, a través de la cual hasta diciembre de este año los acreedores del canje tiene derecho a pedir las mismas condiciones que se arreglen con los fondos buitre, si el acuerdo se hace antes de esa fecha.
Blackman también hablo de restricciones constitucionales y financieras. "Por esa razones diría que es imposible alcanzar un acuerdo", en las condiciones que plantea Griesa, antes del 30 de julio.