El juez Jorge Pegassano (Instrucción 1ª) que investiga la gestión del presidente del Ente Administrador del Puerto de Santa Fe, Marcelo Vorobiof, ordenó ayer el allanamiento del domicilio legal de la empresa Rumbo Portuario SRL a la que el funcionario adjudicó obras por casi dos millones de pesos y que el fiscal N? 7, Jorge Andrés sospecha que habría sido creada por iniciativa del propio Vorobiof y de dos gerentes del Ente, Sebastián Alonso y Fernando Molinari, aunque ninguno de ellos figura en el contrato social. El operativo se realizó en Lavalle al 5500, que resultó ser la casa de los socios de la firma, el técnico constructor Rodrigo Carelli y de su esposa, Mariela Oroño, pero con resultados inciertos, según publica el diario Rosario12 a través de su corresponsal en la capital provincial.
"Según las personas que viven acá, le habrían entregado la documentación de la empresa a su abogado, que es el doctor (Roberto) Busser", informó Andrés, a quien asistieron efectivos de las Tropas de Operaciones Especiales (TOE). Busser es el defensor de Vorobiof en la causa.
"Es una casa de familia donde queda a las claras que nunca funcionó una empresa de gran porte", dijo Andrés tras el procedimiento. Según el fiscal, Vorobiof adjudicó el primer contrato a Rumbo Portuario (para mantener espacios verdes en el puerto), veinticuatro horas después de haber sido creada. "Incluso, se le adjudicó la primera obra cuando aún no habría estado regularizada en un ciento por ciento porque le faltaban cumplir algunos requisitos impositivos y fiscales", agregó. Posteriormente, se le encargaron otras obras por casi dos millones de pesos.
En la denuncia a Vorobiof, en setiembre del año pasado, el fiscal sostuvo que el presidente del Ente "habría creado la firma Rumbo Portuario SRL", aún cuando "él no figura entre sus socios" y abusó de su cargo al adjudicarle "diversas obras" en el puerto. Ayer, le volvieron a preguntar sobre el asunto. "¿Por qué cree que Vorobiof impulsó la creación de esta empresa?", le planteó una colega de Radio Nacional Santa Fe. "Eso está en el requerimiento de instrucción. Según la información que maneja la Fiscalía, los que habrían impulsado la creación de esta firma serían Vorobiof y dos gerentes del Ente, Alonso y Molinari", contestó Andrés.
-¿Y qué vínculos tienen ellos (Vorobiof y los gerentes del Ente) con los socios de la empresa? -preguntó otro periodista.
-Todavía no se le ha tomado declaración (a los esposos Carelli y Oroño). Las preguntas que se le hicieron durante el procedimiento fueron las necesarias para llevar adelante la medida. El interrogatorio lo va a hacer posteriormente el juez en el caso que lo considere conveniente -respondió Andrés.
En el requerimiento de instrucción, el fiscal Andrés señaló que Rumbo Portuario "no reuniría los estándares mínimos de solvencia jurídica, fiscal, económica, financiera y administrativa" para operar en el puerto. Y cuando "inspectores del Ministerio de Trabajo requirieron la presencia de un gerente, se contactaron con Sergio Vázquez", que es el yerno de Vorobiof. En la investigación, el fiscal imputó no sólo a Vorobiof, sino también al yerno, a los dos gerentes del Ente, Alonso y Molinari y a los tres socios de la empresa, Carelli, Oroño y Daniel Caroliche, entre otros.
Ayer, el fiscal no descartó un allanamiento en la sede del Ente Portuario. "Depende de cómo evolucione la recolección de las pruebas", dijo. "Hay documentación que el contador Vorobiof se comprometió a entregarla personalmente en el Juzgado. Si la entrega, no sería necesario allanar el Ente Portuario. Yo espero que cumpla con la orden del juez, que entregue la documentación que se le requirió", confió.
La semana que viene, el juez comenzará a tomar declaraciones testimoniales, entre ellas a la gerente de Administración y Finanzas del Ente Administrador del Puerto, Victoria Lascurain, quien fue la primera en denunciar en la justicia los manejos de Vorobiof. Así se inició la investigación, en agosto de 2013.
Otro de los testigos que está citado a declarar es el empresario Jorge Sobrero, vicepresidente de la Cámara de Comercio Exterior de Santa Fe, la entidad que junto al Colegio de Graduados en Ciencias Económicas promovió una conferencia del ex ministro Domingo Cavallo el lunes que viene, pero que después se canceló por el repudio de los propios afiliados al Colegio, un centenar de profesionales y economistas, en su mayoría jóvenes.